Los proveedores de las administraciones públicas, están obligados a enviar factura electrónica
A fecha 15 de enero entró en vigor la ley por la que se hace obligatorio el uso de la factura electrónica en nuestra relación con las administraciones públicas (ayuntamientos, comarcas, diputaciones, gobiernos,..etc) con el objetivo de evitar la ya más que acostumbradada morosidad en la administración. En caso de no cumplirse puede la nueva normativa puede conllevar sanciones de hasta 10.000 euros, las facturas que superen el importe de 5.000 € deberán enviarse obligatoriamente a través de la plataforma FACE.
La ley establece un modelo único de factura electrónica para toda administración pública, el denominado “Modelo E”, al que deberán adaptarse todos los entes públicos para el pago a sus proveedores. Las versiones de factura electrónica adaptadas para trabajar con estos entes públicos son las versiones “3.2.” y “3.2.1.”
A partir de esta ley, se crea un único registro contable de pagos en el sector público, asegurándose una mayor efectividad en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, según las estimaciones del Gobierno y permitirá que salgan a la luz todas las facturas pendientes de cobro de los entes públicos.
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